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El encuentro entre el futuro ministro del Interior y el Fiscal de Corte dejó en evidencia que habrá mucho trabajo para la Policía y la justicia. La «inflación de juicios» y la «saturación» de las cárceles preocupan al sistema de justicia a partir de los cambios que propone el gobierno electo.

La «inflación de juicios» y la «saturación» de las cárceles preocupan al sistema de justicia a partir de los cambios que propone el gobierno electo.

Brecha y El País dedican este viernes sendos informes sobre cómo impactarán algunas medidas contenidas en el anteproyecto que el presidente electo Lacalle Pou puso a discusión y pretende aprobar en las primeras semanas de gobierno.

Abogados penalistas como Diego Camaño y Juan Fagúndez advierten que ciertas restricciones, derogaciones y recortes a instituciones del nuevo CPP traerán como consecuencia mayor prisionalización y más problemas de funcionamiento a las fiscalías.

Estos temas sobrevolaron la reunión ocurrida en la víspera entre el fiscal de Corte Jorge Díaz y el futuro ministro del Interior. El encuentro se realizó este jueves de tarde en la sede del Ministerio Público.

Diaz fue el impulsor del Código del Proceso Penal de 2017 y Larrañaga la cara visible de los cambios que propone el gobierno electo.

El encuentro fue protocolar, pero quedó claro que ambos jerarcas tienen muchos desafíos por delante.

Díaz habló después de la reunión y fue cauto. Apenas esbozó su reparo al proyecto de crear un delito para aquellos que rompan tobilleras electrónicas, y mencionó al respècto que ya existe el delito de desacato y de daño especialmente agravado.

«Ya es delito hoy, la creación de una tipificación específica para este delito es un tema de resorte legislativo, de todas maneras, no leí el artículo que crea este delito. Lo analizaremos», dijo el fiscal de Corte, quien reconoció que ha habido demoras en este tipo de imputaciones, algo que el nuevo delito planea reparar de algún modo.

«Fiscalía va a hacer un análisis jurídico del proyecto de ley de urgente consideración», señaló. «Haremos un análisis sobre todo de las consecuencias que eso implica, y del impacto que tiene en la Fiscalía y en la carga de trabajo de los fiscales».

Los penalistas anticipan que habrá debate.

A las medidas que favorecen la defensa propia y quita restricciones al accionar policial, los especialistas señalan que el nuevo escenario habilita a un primer interrogatorio sin abogados presentes y establece el uso de la facultad del juicio abreviado solo para delitos con penas menores a 3 años.

El nuevo Código del Proceso Penal (CPP), lanzado en 2017, buscaba con el instituto del juicio abreviado acelerar los plazos judiciales y ahorrarle al Estado tiempo y dinero derivados de investigación y consecución de pruebas.

A cambio, el detenido admite el delito y esto permite un alivio de la pena a cumplir.


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