(Artículo LA DIARIA). Semanas atrás publicamos algunas consideraciones sobre el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande. Resaltamos su característica de organismo binacional, sus datos principales y la importancia estratégica que tiene para Uruguay. Focalizamos el análisis en comentar dos temas. Uno de ellos es real y tangible: el Proyecto de Renovación Salto Grande, que comenzó a gestarse en 2013 y que comprende un plan plurianual a 30 años, existente, aprobado y en ejecución desde 2019 a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que impacta y define, sin ninguna duda, la confiabilidad y la vida útil de la represa (por lo tanto, de más de 40% del suministro de energía eléctrica del país) y de la interconexión eléctrica con Argentina por los próximos 40 años. El otro hecho que comentamos fue el anuncio realizado por el gobierno, una y otra vez, respecto de concretar las obras de navegabilidad del río Uruguay a través de Salto Grande, transmitiendo una sensación de inmediatez y buscando generar la idea de “grandes obras”, desconociendo estudios recientes que demuestran la escasa viabilidad económica de ese millonario proyecto. Intentamos aportar elementos concretos que permitan formar opinión seria y fundada, o al menos despertar el interés por investigar o profundizar para saber más sobre el asunto y no quedarse en los titulares de prensa.
Ahora nos interesa comentar otros hechos sucedidos en estos cinco meses de gestión que llevan las nuevas autoridades uruguayas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTMSG), porque resultan extremadamente preocupantes y nos muestran peligrosas señales de un retorno al peor pasado que conoció Uruguay en dicho organismo.
¿Concursos? Mejor no…
Una de las primeras medidas tomadas por la recién designada Delegación del Uruguay en el mes de mayo fue suspender todos los concursos y procesos de selección de personal que se venían desarrollando desde 2019. Todos estaban cercanos a su finalización, con los postulantes finales ya seleccionados por consultoras independientes y especializadas de ambos países. El objetivo era cubrir puestos vacantes de cargos técnicos y profesionales, de importancia estratégica en la estructura del organismo binacional, dándole continuidad a la profesionalización de los equipos gerenciales y de mandos medios, como se viene haciendo desde 2005, reduciendo lo más posible la injerencia política de las delegaciones y los estados.
Podríamos pensar que la suspensión se justifica frente al cambio de autoridades de la delegación, pero su actual presidente, Carlos Albisu, integró la delegación en representación del Partido Nacional en el período anterior y aprobó con su voto todos los concursos ahora suspendidos, al igual que todas y cada una de las decisiones que se tomaron en la gestión pasada. Todas las decisiones, durante el período 2015-2019, fueron respaldadas por la unanimidad de la delegación.
Dicha suspensión se tomó sin ninguna argumentación sólida, sin elementos objetivos que permitieran entender o justificarla. Esta decisión somete a Salto Grande a un daño de su imagen institucional frente a los aspirantes y las empresas seleccionadoras, a las que, por otra parte, se les pagó por un trabajo que luego se tiró a la basura. ¿Qué credibilidad podrán tener los concursos de Salto Grande de aquí en adelante?
Por si fuera poco, y como corolario de esta medida, la delegación decidió cubrir la mayoría de esos cargos por designación directa, recurriendo a postulantes que no llegaron a alcanzar los requisitos mínimos requeridos por las empresas seleccionadoras, pero que, casualmente, presentan vínculos familiares o políticos con integrantes de la Delegación del Uruguay o sus allegados más cercanos.
Esto representa una disminución de la calidad profesional y un camino peligroso hacia la pérdida de soberanía para Uruguay. Con esta y otras medidas quedará en inferioridad de condiciones frente a Argentina, en una organización que debe ser conducida y gestionada por personal idóneo y capacitado de ambas nacionalidades que, a partir del respeto mutuo, trabajen en la defensa y la mejora del complejo hidroeléctrico, pero a la vez defiendan los intereses de cada país en dicho organismo. Como cualquiera sabe, el respeto se gana, entre otras cosas, con conocimiento y capacidades adecuadas al cargo que se ocupa.
Esta es una de esas señales a las que hacíamos referencia al principio, de retroceso al peor pasado, como el de los años 90, cuando el clientelismo era la moneda corriente en Salto Grande y Uruguay perdió capacidad de gestión estratégica en el organismo.
Desde 2007 se realizaron en Salto Grande más de 260 concursos y se logró imponer una nueva cultura, que intentó romper con viejas costumbres de ascenso o ingreso a cambio de militancia política o vínculo familiar. Se renovó más de la mitad de la plantilla de personal. Como parte de ese lineamiento, se consiguió en 2018, por iniciativa de la Delegación del Uruguay y luego de difíciles negociaciones con la delegación argentina, establecer la obligatoriedad del ingreso por concurso para todas las vacantes, incluyendo los cargos gerenciales. Entre 2005 y 2019 se produjeron 159 egresos y 135 ingresos de empleados de nacionalidad uruguaya. De estos, más de 96% fueron por concurso o procesos de selección.
Si de algo nos sentimos tranquilos quienes tuvimos la suerte y el honor de integrar la Delegación del Uruguay desde 2005 a 2019 es respecto de la selección de personal. Sabemos que no fue perfecta, que puede haber habido errores, pero no hay ninguna duda de que, como nunca antes, la renovación de personal uruguayo fue transparente y sólo basada en capacidades. Cada ingreso representa en promedio una inversión cercana a los dos millones de dólares a lo largo de su carrera: si será importante seleccionar a los más adecuados en el momento del ingreso. En el período 2005-2019, el total de funcionarios uruguayos pasó de 258 a 234, y 86% de los ingresos tienen título de grado, posgrado o técnico.
Ese avance en transparencia, en igualdad de oportunidades y en profesionalismo parece estar quedando por el camino en este nuevo período.
Sin restricciones para gastar en (algunos) sueldos
El gobierno parece haber dejado afuera del recorte del gasto público a Salto Grande. Esto sería una muy buena noticia si de inversiones o mantenimiento del Complejo Hidroeléctrico se tratara. Pero parecería que no sólo no hay recorte, sino que el gasto puede expandirse, y casi de manera exponencial. Lo penoso es que dicho crecimiento es en la creación de nuevos cargos exclusivamente en el ámbito de la Delegación del Uruguay, o sea, ni siquiera en el equipo técnico que sostiene el funcionamiento de la Central o las estaciones de trasmisión, o trabajan en el monitoreo ambiental del lago, o “piensan” la estrategia a futuro, etcétera (ingenieros, técnicos, profesionales). Se trata de una superestructura creada con dependencia directa de la delegación y su presidente; lo que significa, obviamente, designación directa. Absolutamente innecesaria y a contrapelo de lo que se ha realizado en los últimos 15 años, en los que se redujo y a la vez se profesionalizó la plantilla de personal; y, por supuesto, a contrapelo de lo que el gobierno pregona (otra vez el doble discurso) desde su campaña electoral interminable, imponiendo recortes al barrer a ministerios y empresas públicas. En este tema, al menos, en Salto Grande ROU parece que “empezó el recreo”.
La estructura de la Delegación del Uruguay, que a diciembre de 2019 contaba con 17 empleados, creció 53% gracias al nuevo gobierno, pasando a 26, y lo hará principalmente en los cargos más altos, o sea, los de mayor salario. Solamente en sueldos jerárquicos (sin contar beneficios ni cargos menores) se pasará de 5,7 millones de pesos a más de 19 millones al año (casi se cuadriplica). Insisto, sólo en el entorno de la delegación. Los primeros privilegiados fueron un asesor del presidente, un cargo nuevo, al que se le asignó uno de los sueldos más altos de la escala, y el secretario de la delegación, al que se le asignó un sueldo superior al correspondiente a ese cargo (sin justificación alguna). Es muy probable que hasta después de las elecciones departamentales no haya nuevos nombramientos, pero ya se sabe cómo y con quién serán cubiertos esos nuevos y apetitosos cargos creados en medio de la pandemia.
Todavía queda por verse lo que harán con el resto de la estructura de la CTMSG, donde ya se ha empezado a crear cargos nuevos, de dudosa justificación y, por supuesto, con sueldos altos. Por si fuera poco, esto se ha resuelto sin presupuesto que lo respalde. ¿Cómo harán para pagar estos incrementos en la masa salarial, teniendo en cuenta que los recursos para financiar el presupuesto uruguayo en Salto Grande provienen del Ministerio de Economía y Finanzas?
Se suma a lo anterior, y confirma una política de gestión, el manejo arbitrario con relación a la Secretaría General de la CTMSG, que sufrirá cambios, según el presidente ha dicho, a pedido de un altísimo dirigente del Partido Colorado, por considerar que ese cargo “les corresponde”. Es necesario aclarar que el cargo de secretaría no es un cargo político; si así lo fuera, estaría previsto en los reglamentos y documentos de los gobiernos, como sí lo está la designación de los delegados. Al parecer no le ha importado demasiado a esta delegación el desempeño de quien ocupa ese cargo desde 2010, al que accedió por concurso y que ha demostrado compromiso, profesionalismo y entrega como pocos con la CTMSG y con el país. Lamentablemente nos queda la sensación de que a la delegación no le importa priorizar esos valores, y que en cambio se priorizan (mezquinos) intereses electorales. De nada ha servido la historia compartida en años anteriores, la clara defensa de los intereses del organismo y la ausencia de faltas u observaciones al desempeño de quien hoy ocupa el cargo.
El Polo inaugurado: ¿cuál polo?
Hace unos pocos días, fue replicada por los principales medios de prensa montevideanos y, por supuesto, por los informativos centrales la visita a Salto Grande del presidente de la República y gran parte de su equipo de gobierno. Todos los medios repitieron que la visita fue para “inaugurar un Polo Educativo Científico y Tecnológico Binacional”. Llama mucho la atención que ningún medio haya profundizado en el contenido de dicho Polo, o sea, dónde está, qué plan de trabajo tiene, cuáles son los convenios concretos (no genéricos) con universidades que sostienen ese emprendimiento, qué cursos o carreras se dictan, qué validación por parte de las autoridades ministeriales tienen dichos cursos, etcétera.
Lamentablemente, y con mucha vergüenza ajena, es necesario aclarar que (en el mejor de los casos) se trata de una “inauguración anticipada”, o sea, de algo que no existe más que como una “expresión de deseo”, que no tiene contenido real sustentable. La cercanía de la elección municipal llevó al presidente de la delegación, en su carrera a la Intendencia de Salto, a armar un hecho político-electoral, por cierto, a costa del Estado y de la buena gestión pública, contando para ello con la enorme colaboración de sus amigos del equipo de gobierno. Incluso realizó, en esos mismos días, un spot de campaña utilizando imágenes del complejo hidroeléctrico y el supuesto “polo” como un logro o credencial para pedir que lo voten como intendente.
Debo decir con franqueza que sentí tristeza luego de ver ese spot, muy alejado de la ética. Aprovecharse así, de una manera tan brutal, de imágenes y anuncios sin contenido, estando en uso (y cobrando el sueldo) de un cargo de tan alta responsabilidad en un organismo internacional, supera los límites que entendemos deben guiar la gestión pública responsable. Me resisto a aceptar esa “forma” de hacer política. ¿Es esa la política y la gestión pública que este gobierno quiere? ¿Se puede dormir tranquilo después de aprovecharse de esa manera de los bienes públicos para beneficio personal o partidario?
Por si fuera poco, las únicas actividades que podrían mostrarse como parte del Polo son acciones que se vienen desarrollando desde el período anterior, como por ejemplo la construcción de Energimundo, un museo interactivo de energías renovables de última generación que comenzó a gestarse en 2018 y que finaliza su construcción en el correr de 2020; o los planes con Primaria, donde casi 10.000 niños visitan la represa y participan en concursos anuales vinculados a la energía, el ambiente y el agua, o los cursos con escuelas técnicas de la región o las visitas de estudiantes universitarios de la Facultad de Ingeniería, etcétera. Pero todas esas actividades y muchas otras se vienen desarrollando desde hace varios años, como parte de la política de vinculación con el medio y la responsabilidad social de Salto Grande, sin tanto aspaviento y autobombo. Habrá que estar atento para ver cómo, marketing mediante, transforman estos logros históricos en propios, o tal vez los ninguneen, porque también esa es una estrategia de este nuevo equipo de gobierno.
Final: el mundo de los sueños y un futuro incierto
Hay quienes hacen una interpretación psicoanalítica de esta situación, y a partir de Sigmund Freud interpretan que lo que ocurre en nuestros sueños son representaciones del inconsciente reprimidas por los marcos morales en que desarrollamos nuestra vida consciente. Ello se pone de manifiesto con la necesidad de la actual Delegación del Uruguay, de la misma forma que lo hace el gobierno nacional, de construir una realidad que es falsa, aparente, discursiva, o inconsciente al decir de Freud, que se despliega como cortina de humo delante de una realidad porfiada que se manifiesta en dos vertientes claramente identificable por la población.
Por un lado, se trata de borrar, aniquilar, desaparecer, destruir (peor aún que el concepto sociológico de deconstruir) todo aquello que haya sido producto de la construcción del Frente Amplio durante los 15 años de gobierno, sin la más mínima valoración de si han sido avances positivos en la relación más justa y racional con la sociedad a la que representamos; y por el otro, y como condición necesaria a la primera, volver a restaurar la vieja forma de hacer política en la que el acomodo de los amigos o los correligionarios y sus familias se transformen en la moneda de cambio del ejercicio del gobierno, haciéndolo en forma expresa, sin el más mínimo sentido del deber y sin reparar en el daño que se le hace al organismo, al departamento de Salto y al país.
Estamos convencidos de que Salto Grande trabajó y mejoró una posición de respeto a nivel regional e internacional en los últimos 15 años, y principalmente Uruguay logró profesionalizar su equipo de trabajadores en el organismo, avanzando en la construcción de definiciones estratégicas, teniendo en claro lo trascendente que es el Complejo Hidroeléctrico para este país y trabajando en una visión de largo plazo. Eso se construyó pensando más allá de un partido político. Pensando en el país, su gente y sus recursos. Habrá que ver qué queda de esos avances al finalizar este período de gobierno.
Gabriel Rodríguez es ingeniero, fue integrante de la Delegación del Uruguay en CTMSG (julio de 2005-abril de 2020). Es fundador y fue presidente de la Fundación Desarrollo Regional Salto Grande.
Fuente: LA DIARIA