Todas las semanas nos comunicamos con nuestros lectores a través de ésta columna, que gentilmente nos brinda CAMBIO. A través de varios artículos fuimos adelantando la investigación que veníamos realizando sobre las presuntas irregularidades en los procesos de compra de la Intendencia de Salto.
Lamentablemente, en el correr de las semanas de trabajo, junto a nuestro equipo fuimos tomando dimensión de las desprolijidades que se habían realizado en seis operaciones por las cuales la comuna adjudicó obras y materiales de obras a empresas privadas por unos 80 millones de pesos.
Finalmente, el pasado lunes presentamos denuncia Penal en la Sede del Juzgado de 2º Turno del Crimen Organizado en la ciudad de Montevideo contra el Intendente de Salto, Andrés Lima; el Secretario General, Fabián Bochia; y las personas responsables participantes en estos seis proceso.
A esta denuncia hemos incorporado los expedientes a través de los cuales la administración Lima habría fraccionado y direccionado estas obras y compras donde a nuestro entender se otorgan en forma presuntamente irregular perjudicando a Salto en una suma de un millón de dólares, que es el monto por el cual se otorgó por encima de los precios que fueron presentados por las empresas que decidió descartar la comuna.
A esto le agregamos una extensa, profunda y clara consulta del Dr. Fulvio Gutiérrez, catedrático reconocido en todo el país, especialista en temas departamentales.
Consideramos necesario que la Justicia investigue estas presuntas irregularidades, que además de causarle perjuicio económico a Salto, por el mal manejo de los recursos, evade las formas legales específicas y tienen varios puntos que entendemos deben ser investigados.
Además de esta denuncia Judicial, hicimos lo mismo ante nuestros Ediles en la Junta Departamental, órgano de contralor por excelencia de la Intendencia quién tomará los caminos que entienda pertinentes.
Muchas son las dudas que deberán esclarecer, el manejo que hacen de la Intendencia de Salto en relación a la utilización de los recursos no es transparente. En el caso de esta serie operaciones lo pudimos analizar profundamente, pero también hemos recibido en estos días varias denuncias de personas y empresas que se han visto perjudicadas en este sentido y que nos han acercado valiosa información que también analizaremos.
En relación a mi denuncia penal no hice más que cumplir con mi deber, de denunciar a la Justicia algo que tiene irregularidades y presuntas ilegalidades; no me corresponde a mi tipificar delitos ni nombrar personas. Nosotros somos distintos y consideramos una ofensa que se nos compare con el accionar del intendente Lima que lo que ha hecho es judicializar la política, amenazar con denuncias, tipificar delitos en forma mediática, pero hoy no contesta sobre esto; allá él.
Nuestra denuncia se basa en hechos que sucedieron, que serán investigados por la Justicia en crimen organizado, donde el Intendente y sus colaboradores tendrán que dar las explicaciones correspondientes y luego al pueblo de Salto.
Columna Diario Cambio