Para la diputada Cecilia Eguiluz, antigua secretaria general de la Intendencia de Salto cuando el jefe comunal era el actual senador Germán Coutinho, en la nota publicada en la edición de ayer de EL TELEGRAFO se afirman inexactitudes que atribuye al abogado Federico Álvarez Petraglia, quien representó legalmente a la intendencia de Salto en este caso, y si bien reconoce que quedaron deudas, afirma que «no nos llevamos ni un peso».


«El diario le hace una nota al abogado que es director de Tránsito de la Intendencia de Paysandú,
dirigente político del Frente Amplio y contratado aparentemente por el Intendente de Salto, que
no firma ninguna denuncia penal contra Germán Coutinho y Cecilia Eguiluz porque no hay ninguna
denuncia contra nosotros, como dice la nota del diario. Tampoco la auditoría que mencionan hace
referencia, que es de la empresa Deloitte y que la Intendencia distribuyó, cosa que pese a ser un
documento privado y en violacióndel contrato lo dio a conocer, tampoco allí se menciona en ninguna
parte a Coutinho y Eguiluz».

«NO HABLA DE
FALTANTES DE DINERO»
Sobre si se trata de una investigación de la administración que desarrollaron Coutinho y ella en el período pasado, por lo cual son los responsables de la gestión, dijo que «no se encontró nada, ningún indicio que rozara las normas penales y no recomendó hacer ninguna denuncia penal, por lo que el abogado afirma que lo dice la auditoría no es correcto, porque no habla de faltantes de dinero ni ninguna actuación que colide
con las normas penales», y que «habla y explica de un funcionamiento con un montón de cosas con errores que entendemos hubo un direccionamiento de la Intendencia de Salto sobre la información y se desprende de lo que dice la auditoría».
Con respecto a cómo explica las deudas que tenía la Intendencia al finalizar su administración, dijo que «esas deudas componen el déficit de la Intendencia, en realidad unos 200 millones de pesos que ya fueron pagados porque el gobierno saliente dejó una línea de crédito de mil millones de pesos».

SERÍA EL DÉFICIT
NORMAL DE LA INTENDENCIA
Sobre que figura como deuda total una cifra superior a los 700 millones de pesos, dijo que «ese es el déficit de la Intendencia, es un error conceptual que lo hacen adrede, porque está compuesto por otras cosas, entre
ellas el propio fideicomiso que se les votó». Argumentó que «aunque las deudas fueran esas, no tipifica
como figura penal, porque la Intendencia termina una administración y las deudas siguen, como pasó cuando la tomamos de (Ramón) Fonticiella, y él de (Eduardo) Malaquina, (Andrés) Lima las nuestras y el que venga tomará
las de Lima». Dijo que «pese a que la auditoría constató esas deudas, no hay ilegalidad».
Con respecto a deudas que no son comunes en una administración municipal, como la deuda con la prestadora privada de salud que ascendía a más de 40 millones
de pesos, dijo que «eso lo pusimos en la rendición de cuentas de 2014, y el frente Amplio tenía ediles que
lo sabían» y con respecto a los atrasos en el pago de sueldos dijo que «no los hubo», sino que los
funcionarios estaban acostumbrados a cobrar antes del 1º de cada mes y hubo meses que se pagó el
10, y eso lo consideraban atraso en los pagos. No había atraso de sueldos». 

UNA OPERATIVA POLÍTICA»
Reconoció que hubo deudas con proveedores, «es real, de unos 200 millones de pesos, que ahora ya se pagaron. Pero de ahí a que hubiera hechos delictivos, como dice este dirigente político Alvarez que la plata no se sabe donde está, no es así, y Deloitte no lo dice». Eguiluz afirmó que «nos pueden criticar la gestión y las deudas,pero no que nos hayamos llevado un peso, eso no lo vamos a permitir. Y Álvarez es un mentiroso, está
haciendo una operativa política y va a tener que responder de sus dichos y de su firma».

Nota EL TELEGRAFO

 

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