Al mes de asumir el gobierno, el Intendente Andrés Lima echó a más de 250 trabajadores de la Intendencia. Lima había prometido en la campaña electoral que en su gobierno no se iban a registrar despidos, asegurando la permanencia de los trabajadores, hecho que no se concretó. Unos 78 ex funcionarios de la comuna iniciaron juicio contra la administración, si la Justicia otorga la razón a los trabajadores, el Gobierno Departamental deberá pagar más de 1000 millones de pesos a los afectados por la medida.

Los ex trabajadores se presentaron ante la Justicia para demandar a las autoridades de la comuna, entendiendo que el despido es inconstitucional. El Jefe Comunal despidió a 250 trabajadores y ahora la comuna deberá afrontar millonarios juicios.

Los 78 demandantes son representados legalmente por el Dr. Gustavo Grassi y Dra. Agustina Escanellas. Las demandas ya fueron presentadas y no hubo acuerdo en la audiencia conciliatoria, por lo que ahora se irá a juicio directamente. Algunos de estos trabajadores además eran socios de ADEOMS, a quien también demandaron.

El Dr. Gustavo Grassi dijo que “lo que se reclama en la demanda es el lucro cesante. Esto significa que cada funcionario reclama todos los sueldos, más beneficios que le hubieren correspondido cobrar hasta su edad jubilatoria, es decir, los 70 años. Esto porque en el caso de la Intendencia los funcionarios se jubilan a los 70 años. Los ex trabajadores reclaman el sueldo que cobraban por mes, más beneficios por 12 meses al año y la cantidad de años hasta su edad jubilatoria. Estos son juicios donde no se reclama el reintegro a la Intendencia, ya que eso se puede hacer sólo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Mis clientes optaron todos por reclamar la suma de dinero y no el reintegro a la Intendencia”.

“Los reclamos de cada funcionario que son 78 en su totalidad, oscilan entre los 7 millones de pesos y 15 millones, por lo cual en un promedio de 10 millones de pesos por cada funcionario, estamos hablando de juicios millonarios contra la Intendencia”.

El representante legal de los ex trabajadores sostuvo que “el fundamento jurídico de la demanda es el Art. 18 del Presupuesto Quinquenal de la administración anterior, el estatuto del funcionario de la Intendencia de Salto y fundamentalmente el convenio colectivo celebrado entre ADEOMS y la Intendencia, por lo cual el sindicato solicitó la permanencia de estos trabajadores y a lo cual accedió el Intendente. Nosotros estamos convencidos de la inconstitucionalidad de la modificación del Art. 18 del presupuesto, en lo que el Intendente Lima se basó para despedir trabajadores”.

“Tenemos como testigos a ex directivos de ADEOMS, quienes solicitaron la permanencia de esos trabajadores, ex autoridades de la Intendencia, videos y audios del Intendente Lima en la prensa donde vio con beneplácito la contratación de estos trabajadores, siendo él candidato a la comuna, al igual que el PIT-CNT”.

“Nosotros lamentamos profundamente llegar a esta instancia ya que es la ciudadanía la que tendrá que pagar a estas familias, pero acá el único responsable de esto es el Intendente Lima que con soberbia y desconociendo temas legales, dejó en la calle a trabajadores que tenían su permanencia clara”, concluyó.

 

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