La Justicia Penal avanza en la investigación por presuntas irregularidades en licitaciones realizadas por el gobierno del Intendente Andrés Lima. Según se informó extraoficialmente, esta semana se comenzará a citar a varios jerarcas de la Intendencia por la presente denuncia.
El Tribunal de Cuentas confirmó observaciones a varias licitaciones realizadas por la gestión del Intendente Andrés Lima. Este informe fue incluido a la denuncia ya presentada ante la Justicia para que la misma confirme o desmienta, si la situación configura algún delito.
La diputada Cecilia Eguiluz presentó la ampliación de la denuncia ante la Justicia en los próximos días. El informe del Tribunal de Cuentas compromete al Gobierno de Andrés Lima. La denuncia de Eguiluz surge luego de la investigación realizada en torno a seis operaciones en las que la administración de Lima habría fraccionado y direccionado obras y compras por más de 80 millones de pesos.
La Junta Departamental de Salto investigó licitaciones supuestamente irregulares en la gestión del intendente Andrés Lima.
La Junta Departamental, actualmente en manos coloradas, investiga dos licitaciones realizadas durante la gestión del intendente frentista Andrés Lima.
De acuerdo a los pedidos de informes a los que accedió Montevideo Portal, una de ellas es la reparación del camino Colonia Gestido, que según los denunciantes se hizo con tres llamados “clonados” cuando debió hacerse en un solo llamado público, y en la que además se publicó un telegrama mediante el cual se dejó afuera de las licitaciones a una empresa.
“Esta irregularidad se suma a otros cambios de los procesos habituales, dentro del fraccionamiento ilegal que estamos analizando. Finalmente diremos que tres copias de este telegrama, caídas de la nada en los tres expedientes clonados son determinantes para la adjudicación de las tres licitaciones y la eliminación de uno de los oferentes”, dice el pedido de informes.
La otra licitación fue para obras en la Colonia Rubio, que según la oposición fue adjudicada por 28.517.500 pesos en lugar de haberse adjudicado por 9.036.791. “O sea casi 20 millones más caro. Con este prejuicio de 20 millones en las arcas de la Intendencia surgen varios interrogantes, por ejemplo: ¿Por qué la Intendencia decide adjudicar a una empresa tres veces más cara que la otra? ¿Por qué no se dejaron desiertas las licitaciones? ¿Por qué en otras compras la Intendencia pidió rebajas de precio y acá no? ¿Cuál es el argumento para pagar tres veces más? ¿Qué garantía de duración del trabajo existe?”, indica el pedido de informes.