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Un hombre uruguayo radicado en Buenos Aires y una abogada de Gualeguaychú resultaron procesados por comprar una beba recién nacida a una pareja de Villa Paranacito, según informa La Prensa Federal de Concepción del Uruguay en su sitio web (laprensafederal.com.ar). Según publica el medio entrerriano, se trata de Antonio Alejandro Mancuso, quien está acusado de pagar para apropiarse de la beba, y la letrada Andrea Alejandra Diego, quien habría actuado como intermediaria en la operación llevada adelante entre 2009 y 2010. De acuerdo al medio argentino, el Tribunal Oral Federal de Paraná fijó fecha del debate oral y público para el 17 de diciembre, donde se juzgará a ambos imputados por los delitos de Supresión de la identidad de un menor de 10 años en concurso ideal con Falsedad ideológica de instrumento público. Según refiere, en el verano de 2010, una pareja se presentó en la sede del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, del hospital Centenario de Gualeguaychú, para inscribir a la beba recién nacida. La asimetría entre el hombre y la joven habría despertado sospechas en el personal del Registro que denunció ante la Defensoría de Menores, lo que permitió advertir la maniobra e iniciar luego la causa en la Justicia Federal. La historia había comenzado unos meses antes, según lo planteado en la descripción del hecho en el procesamiento, cuando la abogada Diego contactó a la gestante y a su pareja, en la localidad de Villa Paranacito, del Departamento Islas del Ibicuy. Les ofreció dinero y bienes para que entregaran a la beba por nacer a Antonio Mancuso. A fines de diciembre de 2009, Diego trasladó a la madre desde su lugar de residencia hasta la ciudad de Gualeguaychú, tiempo en el cual la joven se encontraba transitando el período final de gestación, y la alojó en un domicilio del barrio Manzoni. Unas semanas después la mujer dio a luz en el hospital Centenario. Para la inscripción de la niña, primero concurrió la abogada a la Delegación del Registro del Estado Civil, donde el personal le dijo que debían ser los padres los responsables del trámite. La Prensa indica que aquí ya se consumó el delito imputado, ya que Mancuso y Diego hicieron consignar un dato falso en la partida de nacimiento. Las circunstancias que rodearon la inscripción fueron señaladas en sus declaraciones por el personal de la Delegación del Registro Civil: la premura que evidenciaba Mancuso durante el trámite, las significativas diferencias entre las vestimentas de los supuestos padres, el total desinterés por parte de la madre en el registro de su hija nacida pocas horas antes, el nulo contacto verbal entre Mancuso y la joven, entre otras. Por esto, informaron al Defensor de Pobres y Menores N° 3 de Gualeguaychú, que ese mismo día peticionó una medida cautelar de protección de la persona, ante una posible maniobra ilícita. Esa medida judicial fue el origen la causa, que fue derivada al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay que investigó los hechos y procesó a Mancuso como autor del mencionado delito, y a Diego como autora del delito de Facilitación y/o promoción y/o intermediación en los delitos supuestamente cometidos por Mancuso. La Fiscalía ha remarcado que la madre de la niña se exhibía como una mujer en situación de extrema vulnerabilidad, de la que los imputados indudablemente se aprovecharon. Las intenciones de Mancuso y el destino que iba a tener la niña, más allá de la apropiación y adopción ilegal, no quedaron del todo claros, aunque esto podría aclararse en el juicio, establece el portal. Asimismo, se indica que en coincidencia con el fiscal José Ignacio Candioti, la jueza Noemí Berros sostuvo que es necesario un juicio para que el Estado sepa qué sucedió: “Son la propia naturaleza, características y gravedad ínsita en el hecho bajo juzgamiento los que otorgan basamento y soporte suficiente y razonable a la alegada necesidad de celebración de un juicio oral y público, de modo que aquél pueda ventilarse ampliamente a fin de dilucidar la verdad real de lo ocurrido y la eventual responsabilidad penal (o no), en el caso” de los imputados.

Fuente: El Telégrafo


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