Son 120 mil los “empleados” de empresas privadas pero que de desempeñan para el Estado. Algunos, por más de 20 años.
Uruguay es uno de los países de la región más afectados por el fenómeno de la tercerización laboral. Cerca de 250 mil trabajadores se desempeñan bajo esta modalidad. En muchos casos, con diferencias salariales de hasta el 70% por igual tarea y mismo cargo.
Son cifras que maneja el PIT-CNT, que afirma además que la peor realidad se vive en el sector público.
“El Estado, que se supone es el que debería dar el ejemplo, actualmente es el peor tercerizador y el mayor precarizador, porque las peores condiciones de trabajo tercerizado de puestos que fueron permanentes está en el Estado”.
Así lo afirmó Marcelo Recalde, uno de los integrantes de la Comisión de Trabajo Tercerizado del movimiento sindical, al plantear la situación ante el Parlamento, en una serie de movilizaciones públicas para enfrentar esta modalidad laboral.
Según el PIT-CNT, unos 120 mil empleados que, en los papeles, dependen de empresas privadas pero que en la práctica realizan sus tareas para el Estado, en el que existe además un “problema grave de control” en cuanto a los incumplimientos que afectan a estos trabajadores.
El dirigente recordó que, salvo una medida puntual durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, poco y nada se ha hecho para dar garantías a los trabajadores y detener el proceso de precarización laboral, que tuvo su orígen en la dictadura y que se acentuó durante las administraciones de los partidos tradicionales.
“La realidad sigue vigente” expresó Recalde, con problemas que se van agravando con el tiempo: trabajadores que no cobran su salario a tiempo, que no tienen derecho a la licencia reglamentaria o al descanso.
“Tenemos que asumir que está terminar el tercer gobierno del Frente Amplio, y la fuerza política que la gente eligió para gobernar no pudo dar solución a este tema”, dijo.
Uno de sus compañeros, Ángel Amestoy, explicó la situación. En muchas ocasiones, los contratos con el Estado se renuevan cada uno o dos años. La empresa adjudicataria, entonces, cambia de nombre para asumir el nuevo contrato. Y los trabajadores, técnicamente, pasan a desempeñarse en otra firma, ante lo cual y entre otros beneficios, pierden la antigüedad.
“Estamos hablando de puestos de trabajo estructurales, no zafrales”, dijo. “Estamos hablando de gente que hace más de 20 años que trabaja para el Estado y, cada tanto, tiene un licencia, y que no goza de los derechos básicos consagrados en nuestro marco jurídico”.
En muchos casos, sostuvo, se trata de contratos a término, por lo que jamás se cobra indemnización por despido.
Las eventuales demandas laborales, agregó, las termina pagando el Estado, que casi nunca acciona después contra las empresas responsables.
Amestoy citó ejemplos concretos. Durante las últimas Rendiciones de Cuentas, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) regularizó a casi 600 trabajadores, que pasaron a formar parte de la plantilla permanente del organismo.
Pero actualmente y en todas sus unidades ejecutoras siguen existiendo más de 2600 licitaciones para contratar servicios no personales tercerizados.
A su vez el Estado, sostuvo, no tiene agilidad para controlar con sus mecanismos y protocolos a esas empresas, que “van, vienen, desaparecen y se vuelven a presentar en otro lado”.
Otro de los integrantes de la comisión, Marcelo Cardozo, informó que en la industria de la construcción hay trabajadores desempeñándose en forma tercerizada para ANCAP desde más de dos décadas, y han pasado en este tiempo por hasta 20 empresas diferentes, aunque siempre realizando las mismas tareas en el mismo ente público.
Cardozo citó también el caso de una fábrica de columnas, que trabaja específicamente para UTE como tercerizada.
“Una empresa sola se lleva la plusvalía y el valor agregado por prestar una plantilla, porque la capacitación, la ropa y las herramientas se la entrega el ente a los trabajadores”, explicó.
El diputado Núñez recordó a su vez una serie de casos planteados anteriormente en el Palamento, como el de OSE o el de la situación de los trabajadores de empresas de limpieza contratadas por el Poder Legislativo.
“Es obvio que si fueran absorbidos por el Parlamento cobrarían un salario más alto”, admitió.
Beatriz Acosta, también integrante de la Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT, apuntó que en el sector privado también existe violación de derechos de todo tipo.
Puso como ejemplo al sector de la industria de medicamentos, en donde no solo se tercerizan determinadas áreas, sino que también se hacen contrataciones de puestos propios bajo esta modalidad.
“Esta es una situación que nos preocupa, porque vemos que el sistema de contratación va en aumento, no tiene freno y ocurre a todo nivel”, afirmó.
No dan los tiempos
El PIT-CNT planteó todas estas inquietudes ante la comisión el pasado ya en vigencia del receso parlamentario. Apenas dos diputados, los frenteamplistas Luis Puig (PVP) y Gerardo Núñez (PCU) estaban presentes.
“Habríamos deseado que esta sesión tuvera un marco distinto para recibir a una delegación que viene trabajando en un tema central como es la precarización laboral”, se disculpó Puig.
El legislador reflotó a inicios de este año un proyecto de ley que había presentado en abril de 2016 que, directamente, plantea prohibir los procesos de tercerización, evitando las subcontrataciones a los efectos de transferir la realizar de obras, servicios o actividades que tengan carácter permanente dentro del proceso productivo de una empresa.
La normativa iría a regir tanto en el sector público como en el privado.
En realidad, la iniciativa nunca pudo ser considerada. Los tiempos políticos y electorales conspiraron y es casi un hecho que el proyecto será archivado.
Deberá ser presentado nuevamente en la próxima legislatura para que el Parlamento vuelva a discutirlo.
Se trata de una iniciativa presentada en 2016 que, directamente, prohíbe los procesos de tercerización, por lo que no podrán celebrarse subcontrataciones a los efectos de transferir la realización de obras, servicios o actividades que tengan la calidad de permanentes dentro del proceso productivo de la empresa o entidad productiva, ya sean estos inherentes o complementarios al giro principal del establecimiento.
La normativa regiría tanto para empresas públicas como privadas.
Fuente: ecos.la