La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores aprobó en la tarde de este jueves el “delito de peligro” por incumplir normas sanitarias, con penas de 3 a 24 meses de prisión, informó Radio Universal y confirmó El Observador en base a varias fuentes parlamentarias.
En concreto, se castigará la conducta de quien ponga en riesgo la salud humana, a lo que se le denomina “delito de peligro”. La prohibición indica que se mantendrán las mismas penas que preveía la norma actual, que es de 3 a 24 meses, según confirmó a El Observador el senador nacionalista Carlos Camy.
El proyecto de ley que modifica el artículo 224 del Código Penal (delito de salud pública) se votará en el Senado la semana próxima. El actual artículo castiga al que “mediante violación de las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción y propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza, causare daño a la salud humana”. Será agravante especial de este delito si del hecho resulte un grave prejuicio a la economía nacional.
En la nueva redacción castiga la violación de la disposición sanitaria, con independencia de la causalidad del daño. El primero que propuso este cambio fue el fiscal de Corte, Jorge Díaz, en marzo de 2020 poco después de que se decretara la emergencia sanitaria. Díaz planetó al Gobierno modificar el delito de daño contra las disposiciones sanitarias, y transformarlo en delito de peligro, de modo que permita a la justicia imputar penalmente a todos aquellos que violen la cuarentena decretada por el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia sanitaria, sin necesidad de que se constate que se contagió a terceros, como lo dispone la ley actualmente.
“Es una herramienta necesaria que se está aportando para reforzar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Es un instrumento para los operadores judiciales que ha sido reclamada”, dijo el senador Camy tras la aprobación del texto en la comisión. Camy señaló que los argumentos del Frente Amplio para no votarla “no son claros porque hablan de que esto puede afectar a las personas más vulnerables, pero no es así. Aquí se trata de castigar a las personas irresponsables”.
El senador suplente del FA Oscar Curutchet dijo a El Observador que no acompañaron la iniciativa por “el contexto social de situación sanitaria”. “Estamos creando un delito de ‘peligro’, modificando la sustancia del Código Penal. Para nosotros va en contra de lo que es un Estado de derecho. Va en contra de la política de protección de los derechos humanos de las personas”, enfatizó. “Las conductas antisociales deben ser solucionadas de otra manera”, opinó.
El Telégrafo
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