En la Constitución ya existe una ley que permite internar a personas en situación de calle, pese a su negativa, si están bajo «riesgo de muerte o un riesgo severo en su salud».
La misma, de un único artículo, permite extender a las personas con consumo abusivo de drogas y a aquellas con problemas de salud mental la posibilidad de internarlos o darles refugio cuando su vida esté en peligro.
«Es una ley del año 2011, que recién la empezamos a cumplir el año pasado porque la reglamentamos, que dice que cuando una persona que está a la intemperie tiene riesgo de muerte o un riesgo severo en su salud, independientemente de su voluntad, una vez constatado por la salud, hay que conducirla a un centro para darle la atención correspondiente», explicó Lema.
«Nosotros proyectamos una acción al Parlamento que entendemos que si con riesgo de muerte o de salud severo el Estado está obligado a actuar, la misma obligación debería permanecer si una persona con problemas de consumo de sustancias psicoactivas pueda tener un riesgo para sí o para terceros», apuntó.
En esta línea, Lema informó que durante 2021 hubo nueve casos de traslados involuntarios a centros de salud porque presentaban riesgo de muerte.
Telenoche