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Un total de 14 personas, al menos 13 de Paysandú, fueron citadas por la Justicia a fin de esclarecer una serie de amenazas de las que fueron blanco las juezas Mónica Bortoli, Martha Alves y Marta Gómez Haedo al revocar el fallo del juez subrogante en la Contencioso Administrativo de 4º Turno, Alejandro Recarey, que prohibió al Estado vacunar a niños y niñas con la COVID-19. Si bien aún no fue divulgado, las investigaciones indicarían que se trata de personas vinculadas a grupos autodenominados como “antivacunas”. En contacto con EL TELEGRAFO, el vocero de Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, dijo que “en el marco de la investigación por las amenazas a las ministras del Tribunal de Apelaciones que lleva adelante el fiscal de Flagrancia de Montevideo de 5º Turno, el doctor Diego Pérez, se solicitó el allanamiento de entre 20 y 30 sitios, donde se incautaron una cantidad de dispositivos electrónicos, entre ellos celulares y computadoras, que ahora van a ser periciados.

El Telégrafo


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