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“La gente miente en las declaraciones”, afirmó la exvicepresidenta y exdirigente tupamara Lucía Topolansky en referencia a testigos que han declarado en casos de delitos de lesa humanidad. Estas declaraciones están recogidas en el libro Los indomables, de Pablo Cohen, de reciente aparición. Este miércoles Telenoche se hizo eco de esas palabras, que han generado diversas respuestas y reacciones.

En el libro, Topolansy cuenta que a “un compañero” el dijeron: “Mentí, decí estoy y aquello, y metemos preso a fulano”, pero que esa persona se negó. “Otro compañero estaba declarando frente al juez, y el juez se levantó, dio la vuelta a la mesa y le dijo: “Lo quiero felicitar porque, de todos los que pasaron por aquí, es el primero que dice la verdad”, agregó.

“Los que querían que mintieras, te pedían esas cosas. Pero no podés, porque vos no sos como ellos. Nosotros sabemos quiénes son los que mintieron dentro de la izquierda pero no lo vamos a decir porque no somos traidores ni botones», sostuvo Topolansky, según cita Telenoche.

En una de las primeras reacciones a estas expresiones, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe dijo que «en las causas judiciales no se ha constatado en absoluto lo que se ha manifestado en un libro» —el de Cohen—.

«No tenemos ninguna constancia, y de tenerla haríamos la denuncia correspondiente. (…) «Cuando un funcionario público está en conocimiento de un delito, necesariamente tiene que denunciarlo», y si no lo hace «estaría en omisión», explicó.

También recordó que «una víctima declara como testigo, y si declara como testigo y miente, es pasible de falso testimonio», lo que constituye un delito. «No sé en qué se basó para decir eso; si tiene los elementos, que haga la denuncia», añadió Perciballe.

Por su parte, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos detenidos desaparecidos emitió un comunicado en el cual expresa su “máximo repudio ante este tipo de afirmaciones, que ponen en tela de juicio un proceso de muchos años de búsqueda y construcción de justicia”.

Añade que con ese tipo de declaraciones “se socava la legitimidad de los procesamientos y condenas realizadas en el marco de los debidos procesos” y que también “dañan al propio sistema republicano, al tratarse de palabras de una senadora electa que cuestiona el accionar de uno de los poderes del Estado”.

A su vez, resalta el coraje y la valentía que “las víctimas de tortura, de abusos sexuales y tratos inhumanos” para “denunciar y decir su verdad ante la justicia”, lo que ha llevado a que “más de un centenar de represores tuviesen una sentencia”.

“Cabe señalar que el falso testimonio, conforme a la normativa de nuestro país, es un delito, ya sea por declarar falsamente, omitir información o presentar pruebas falsas, por lo que la senadora electa y exvicepresienta (conforme al rol que revista y en su calidad de funcionaria pública) ante el conocimiento de la situación debiera denunciarlo en la justicia y no en una entrevista. Bueno sería retractarse o, de no ser así, quizá mejor llamarse a silencio”, expresa más adelante el comunicado.

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