Como se informara, el pasado viernes fueron imputados dos sanduceros de 29 y 36 años que ingresaron a nuestro país casi 10 kilos de cocaína desde Argentina. Según los datos recabados ambos poseían antecedentes penales, por lo que se puede precisar que el automóvil era ocupado por Schubert Sebastián Álvarez Helguera, de 29 años, quien se desempeñaba como funcionario en la Intendencia de Paysandú y es activo militante de la lista 51 del Partido Nacional, y Juan Eduardo Olivera Requelme, de 36. El procedimiento fue realizado sobre las 23 horas del jueves a la salida del puente internacional “José Artigas” cuando personal de la Brigada Departamental Antidrogas se encontraba efectuando controles de rutina.
Mientras se encontraban en la curva de salida al puente identificaron un automóvil Kia de color blanco, con matrícula de Paysandú, en el cual viajaban dos hombres y cuya actitud del conductor –que había cruzado desde Argentina hacia nuestra ciudad– les llamó la atención. Ante el nerviosismo de los involucrados, la Policía puso en conocimiento a la Fiscalía de Turno donde se autorizó el traslado del vehículo con sus ocupantes hacia la base policial para poder realizar una inspección minuciosa. Al realizarse el registro notaron que una de las puertas traseras tenía el panel lateral con modificaciones y llevaban acondicionados nueve “ladrillos” encintados con droga. En tanto, al efectuar las pruebas específicas se comprobó que la sustancia era positiva a cocaína, con un peso total de 9,393 kilogramos.
De acuerdo a lo manifestado por el Jefe de Policía de Paysandú, Eduar Alvez, al informativo Subrayado de canal 10, el valor en el mercado oscila en el eje de los 90.000 dólares. Tanto Schubert Sebastián Álvarez Helguera como Juan Eduardo Olivera Requelme, ambos con antecedentes penales por tráfico de estupefacientes, fueron llevados a juicio abreviado y condenados “un delito de transporte de sustancias estupefacientes en concurso formal, con un delito de importación de sustancias estupefacientes en grado de tentativa”, imponiéndoles la pena de 2 años y 10 meses de penitenciaría.
El Telégrafo