El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) presentó el martes una denuncia penal ante la Fiscal General de la Nación, Mónica Ferrero, con destino a la investigación de “hechos que podrían calificar de delito de trabajo forzado y de delito de responsabilidad penal empresarial”, durante la construcción del Anillo de Transmisión Eléctrica de 500 kV que unirá Tacuarembó y Salto, a cargo de la empresa CMEC (China Machinery Engineering Corporation). La línea cuenta con dos tramos, uno que une Tacuarembó y Chamberlain y el restante, desde este punto hasta Salto Grande, con una distancia aproximada de 350 kilómetros.
Ambos tramos se conectan en la estación construida en Chamberlain. El proyecto incluye dos líneas menores de 150 kV que conectarán dicha estación con las líneas existentes entre Rincón del Bonete y el Parque Eólico Palmatir. En la subestación de Chamberlain se conectan líneas que permitirán el enlace con la nueva planta de la empresa UPM. La obra se construye por un fideicomiso constituido por UTE, con Rafisa como entidad fiduciaria y tiene un costo de U$S 191 millones.
Incumplimiento de contratos a trabajadores
De acuerdo al Sunca, la obra ocupa a más de 700 trabajadores, de los cuales unos 500 son extranjeros, en su mayoría chinos y ecuatorianos. “Se constataron violación a las normas de seguridad y prevención” que amerita la investigación del caso como posible “trata de personas”. El sindicato junto a su abogado patrocinante, el Dr. Oscar López Goldaracena, dialogaron con la fiscal Ferrero, en la necesidad de crear fiscalías especializadas “para la persecución penal de este tipo de delitos complejos, relacionados con las condiciones de seguridad laboral”.
Costos “más caros”
La directora de UTE en representación del Frente Amplio y designada ministra de Industria del gobierno electo, Fernando Cardona, dijo a EL TELEGRAFO a finales del año pasado que “la obra está muy atrasada desde el inicio” y por esa razón CMEC lleva contratados a unos 500 extranjeros. Según la futura ministra, la obra está atada a los tiempos de UPM y si el ente no cuenta con las líneas desde este mes, “perderíamos dinero por el acuerdo original”.
EL TELÉGRAFO