No es por su rehabilitación sino por el CPP, dijo Bonomi
«El resultado de las políticas de rehabilitación no es lo que llevó a bajar, en un número importante, la cantidad de personas privadas de libertad. Teniendo en cuenta cómo se está aplicando el Código, creo que no han entrado (a las cárceles) las que tienen que entrar».
La afirmación pertenece al ministro del Interior Eduardo Bonomi, y describe lo que para él está sucediendo en el sistema penitenciario: según los datos de Policía Científica, «semana a semana hay 70 u 80 personas menos privadas de libertad», dijo el jerarca en la comisión de Constitución y Códigos de Diputados cuando se lo convocó para dar su parecer sobre las reformas al Código del Proceso Penal (CPP).
Según Bonomi entre ocho meses y un año atrás «teníamos 11.300 personas privadas de libertad». Y la semana pasada había 9.000, dijo en la comisión.
Peligro.
Para el ministro, «hay gente que afuera (de las cárceles) es un peligro importante y que debe estar presa, pero no que esté presa por estar presa; no aumentar la cantidad de presos porque sí. La idea es que baje la cantidad de personas privadas de libertad porque ha habido una rehabilitación mayor que los ha llevado a estar libres, pero no que dejen de estar privados de libertad los que han hecho de la delincuencia su forma de vida», sostuvo en la comisión, según consta en la versión taquigráfica de la reunión del miércoles 11.
Para el ministro la sociedad «estará mejor si están presos los que tienen que estar presos», lo cual surgirá «del debido proceso». Indicó que el proyecto de reforma del CPP «ayuda al debido proceso», y por eso cree que es bueno.
Pero advirtió que la aprobación de este proyecto «no va a producir un ingreso mayor que el que teníamos antes del nuevo Código de Proceso Penal rigiera. De todas maneras, va a ser menor al ingreso anterior».
Bonomi afirmó que en las cárceles hay unas 1.800 plazas libres por lo cual descartó que haya hacinamiento.
Flagrancia.
En la reunión, el ministro contó un diálogo que mantuvo tiempo atrás con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit.
«Cuando empezó a bajar la cantidad de personas privadas de libertad tuvimos una reunión y le dije: Supongo que estarás contento porque está bajando el número de personas privadas de libertad, porque yo no. Y me respondió: Yo tampoco; yo quería que bajaran por obra de las políticas de rehabilitación llevadas a cabo y no porque están libres las personas que no lo tienen que estar.»
Bonomi fue directamente contra algunos fiscales que actúan en casos conocidos, al afirmar que «ha habido fiscales que le dicen a la policía que no puede intervenir si ellos no dan la orden. Eso generó un problema importante, porque los mejores policías, por lo menos, se sintieron desconcertados sobre qué les correspondía hacer, es decir, si podían intervenir o no».
Y añadió que «nosotros les decíamos que podían intervenir, podían actuar. Si tienen una denuncia de robo de un auto, llegan al lugar y el auto se está yendo, no corresponde avisarle al fiscal; corresponde seguir al auto y detener al autor».
Luego recordó que a partir de que se quitó la prisión preventiva en el nuevo CPP «delincuentes que tenían una larga carrera delictiva, que tenían antecedentes o, por lo menos, reiteraban largamente determinados delitos, cuando eran detenidos y llevados al juez, eran dejados en libertad para completar el juicio después».
Interior «ha detectado que muchas de esas personas inmediatamente vuelven a reincidir, a delinquir y muchas veces en casos muy graves».
Según afirmó, el CPP «no deroga la ley de procedimiento judicial ni la ley orgánica policial y el policía, en flagrancia, puede actuar sin haber recibido órdenes. El fiscal entra a tallar cuando se investiga en medio de un proceso, pero previo a eso la policía puede actuar».
Preso en un asentamiento y con una Uzi
En la reunión de la comisión legislativa el ministro Eduardo Bonomi contó una situación donde se dispuso prisión domiciliaria. «Se detuvo a un hombre que tenía cantidad de antecedentes con armas robadas, y se lo condenó a prisión domiciliaria, pero vivía en un asentamiento, y sabemos que una prisión en un asentamiento es nada. Luego de eso, ametralló una casa y le pegó una paliza a un muchacho, hijo de una señora a la que estaba presionando. Entonces, la Policía fue a la vivienda de este hombre y encontró a otro —que tenía una discapacidad— que se estaba yendo de la casa con una bolsa en la que había una metralleta Uzi. Posteriormente, la Policía recuperó la metralleta y la Policía científica determinó que con ella se habían cometido siete homicidios». Es, para el ministro, una situación «clara desde el primer momento, pero por no aplicar la prisión preventiva, quienes comenten esos delitos quedan en libertad y siguen cometiéndolos». El ministro del Interior no tiene dudas de que «esas personas deben estar vigiladas por policías. Por lo tanto, si hay que vigilar a tres personas, dieciocho policías deben ocuparse de cuidarlos todo el día, cuando tendrían que estar en la cárcel y no cumpliendo prisión domiciliaria». Y mencionó en la comisión además que «varias rapiñas, que deben penarse con un mínimo de cuatro años, que se cometieron con varios agravantes como uso de armas y lesiones a las víctimas, fueron penadas con prisión domiciliaria y libertad vigilada».
Fuente: El País.