La diputada del Partido Colorado, Cecilia Eguiluz presentó ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) el siguiente pedido de informes por posible contaminación del Acuífero Guaraní. Además estaremos solicitando a Comisión y por la misma causa, la presencia de las autoridades.
Montevideo, de agosto de 2018
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Jorge Gandini
De mi mayor consideración
De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 118 de la Constitución de la República y la ley Nº 17.673, solicito se curse pedido de informe, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a fin que a través de la DINAMA, nos informe sobre los hechos que hicieron públicos diversas organizaciones ambientalistas respecto a la ocurrencia de un nuevo derrame provocado por Petrel, en ocasión de efectuar perforaciones (esta vez en Cerro de Chaga, departamento de Salto).
Dado que esta no es la primera vez que un incidente de este tipo hace temer por graves riesgos ambientales y que la empresa no parece aceptar la inoperancia y consecuencias de su accionar, comunicando los hechos y adoptando medidas de inmediato, solicitamos conocer de modo oficial:
Si las acciones de perforación en la búsqueda de hidrocarburos por parte de la petrolera australiana Petrel, ha provocado derrames de lodo, al menos en dos ocasiones: uno de unos 125 metros cúbicos en Cerro Padilla (departamento de Paysandú) y otro de unos 220 metros cúbicos en Cerro Chaga (departamento de Salto);
Si los hechos fueron comunicados en tiempo y forma a la DINAMA;
Qué acciones tomó la empresa para mitigar el impacto medioambiental en la zona y qué medidas dispuso esa Secretaría de Estado al respecto;
cuál es el impacto que los hechos provocaron en las fallas naturales del basalto de la Formación Arapey, sobre el acuífero Guaraní;
Se nos informe los estudios efectuados por la DINAMA sobre este tipo de acciones a corto, mediano y largo plazo, que garantice las condiciones medioambientales en la zona y la no contaminación del acuífero;
Si más allá de sanciones administrativas de carácter económico que se pudo haber dispuesto, se ha evaluado la rescisión de los permisos y la detención de este tipo de perforaciones que ponen en riesgo nada más ni nada menos que la calidad de las aguas.