La decisión del Ministerio del Interior de poner la seguridad en las cárceles en la órbita de la Guardia Republicana no solo divide las aguas en el Frente Amplio. El lunes se supo que el Sindicato de Funcionarios Policiales (Sifpom) consideró a la decisión como “un paso comprensible” en pos de garantizar la seguridad de funcionarios e internos.
En un comunicado publicado en su página web este viernes, el Ministerio del Interior, expresó, en esa sintonía, la postura de los “sindicatos y sociedad civil a favor”. Concretamente, entre los últimos menciona al programa socio educativo Nada Crece a la Sombra.
Sin embargo, los funcionarios civiles de las cárceles expresaron a ECOS tener una posición “bastante encontrada” con esa decisión.
“Obviamente, no estamos de acuerdo; si pensamos en que se busca rehabilitación, es un retroceso muy grande meter una fuerza de choque en las cárceles”, dijo a este portal el presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe), que engloba a los técnicos que realizan tareas de relacionamiento y actividades sociales y recreativas con los internos. Este viernes estaban discutiendo el tema, aunque esperan la realización de una asamblea, prevista para este mes para una declaración oficial.
Pero su postura ya es clara. “Tenemos una posición bastante encontrada con el Ministerio del Interior. Esta cartera propone un proyecto de ley de descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que propone dejar en el control civil a todas las unidades penitenciarias. Esto se daría en 2021. Pero posteriormente toma la decisión que la seguridad vaya para la Republicana”, indicó Nolasco.
Para el dirigente gremial, esto revela una “gran dicotomía de pensamiento” en Interior que “no sabe para dónde va”, a su criterio. “Hoy se les ocurre meter a los civiles, mañana a la policía y luego a los militares. No hay una línea ni una ideología clara y eso lo sufrimos como funcionarios”.
Nolasco se quejó que esta decisión del Ministerio del Interior no fue realizada previa consulta de los trabajadores civiles penitenciarios, unos 1.600 en todo el país luego del ingreso de aproximadamente 300 en las cárceles de Maldonado, Soriano, Paysandú y Salto.
Ofucipe tiene serias dudas sobre si esta medida realmente redundará en más seguridad para el trabajo de los funcionarios. El presidente de la Organización precisa que en algunos lugares, como las unidades 1 y 6 del INR en Punta de Rieles o la 5 femenina, así como en la mayoría del interior, ya solo hay personal civil trabajando en ellas. “La seguridad dinámica la hacen los operadores. Somos los que trabajamos en el área de convivencia, abrir los candados, estar en contacto con la gente privada de libertad. ¿Eso va a hacer la Republicana? Además, para que hagan lo que hacen los funcionarios policiales la situación no cambia en nada”.
Como ejemplo de situaciones incambiadas, Nolasco indica que los operadores civiles siguen estando solos en un patio con 50 y 60 reclusos sin siquiera un handy para avisar que hay problemas. “¿Qué cambio en seguridad significaría la Republicana?”.
El dirigente no se sorprendió sobre la postura favorable de la Policía, los otros funcionarios que trabajan en las cárceles. «Claro que la Policía está de acuerdo. Si les preguntás a ellos, igual aceptan meter un tanque de guerra adentro”, ironizó.
Según expresó, la Policía nunca estuvo de acuerdo con el INR ni con “rehabilitar a los ‘pichis’, como los llaman ellos”. En el contexto de una coyuntura política particular, con propuestas de la oposición como “Vivir sin miedo”, del nacionalista Jorge Larrañaga, o llevar a los militares a las cárceles, como con matices han señalado Edgardo Novick y Guido Manini Ríos, el oficialismo –que estaría en contra de estos extremos- resuelve “meter una fuerza de choque adentro”.
Garantías I
Tampoco hay unanimidad entre la sociedad civil que trabaja en cárceles. Denisse Legrand, coordinadora del proyecto socioeducativo para población penitenciaria Nada Crece a la Sombra, dijo a ECOS que, si bien hay que ver «cuáles son las garantías», la idea del Interior es «una propuesta bien interesante».
Según Legrand, «si se atiende una perspectiva de derechos humanos, es un programa con puntos interesantes. Sí hay que velar que la última medida de fuerza sea el choque». A su criterio, no cambia mucho el sistema actual.
El Ministerio ha señalado que los actuales policías que trabajan en las cárceles pasarían a ser parte de la Republicana. «Serían los mismos funcionarios, solo cambiaría el mando».
Legrand recordó que, en todo caso, la seguridad en las cárceles nunca iba a dejar de ser responsabilidad del Ministerio del Interior.
Garantías II
La subdirectora Nacional Técnica del INR, Ana Juanche, señaló que es necesaria “una fuerza profesional y reguladora pero garantista” en las cárceles para que se pase de un modelo de custodia y encierro permanente por el de convivencia armónica que facilite la rehabilitación, según publicó este viernes la web del Ministerio del Interior.
“Sin un clima de convivencia armónica, sin el combate a la violencia interpenitenciaria no pueden realizarse las políticas de rehabilitación”, dijo. Esa fuerza necesaria para tal objetivo es la Republicana, que garantizará el desarrollo de las actividades laborales, educativas y recreativas.
Interior incluso efectivizará 200 nuevos ingresos el 21 de junio.
“La Guardia Republicana tendrá a su cargo (en algunas unidades) la seguridad exterior (perimetral), en las puertas de acceso (revisorías) y en las diferentes unidades de convivencia (módulos) se brindará prestación de garantía para que los operadores penitenciarios, los únicos que trabajarán en forma directa con las personas privadas de libertad”, informó Interior.
El pasaje de la seguridad de las cárceles a la Republicana dividió las aguas en el Frente Amplio. El Movimiento de Participación Popular (MPP), sector mayoritario liderado por José Mujica, y a cuyas filas pertenece el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, respaldó lo decidido. Otros grupos, como el Ir, Casa Grande y el Partido Socialista lo rechazaron.
En Soriano, quien aparece como favorito en las internas del Frente Amplio, Daniel Martínez, afirmó no estar de acuerdo con el control de la Republicana de la seguridad en las cárceles si se hace pensado en la represión. “Gente que no está especializada, preparada para lo que implica colaborar con la gente que se encarga de rehabilitar a los presos, no”.
Fuente : ECOS