Un duro despertar a la realidad, registraron los miembros de una cooperativa de vivienda en formación, denominada Grupo Unidos por un Hogar, que integraban casi una veintena de familias. El grupo, conformado tres años atrás, comenzó a cumplir con todos los requisitos para formalizarse como cooperativa de vivienda por ayuda mutua, apuntando así, a lograr la asistencia y el subsidio del Ministerio de Vivienda, con la aspiración de concretar el sueño de la casa propia.
El grupo, se conformó por matrimonios, familias, todos trabajadores, que con esfuerzo, aportaban una cuota mensual en dinero y mucho trabajo en diversas actividades como venta de asados, pollos, pastas y rifas, para integrar fondos que financiaran aportes y obligaciones que toda cooperativa de vivienda, debe cumplir así como formar un capital, contrapartida de la asistencia que se les proporcionaría con créditos que se otorgan a ese tipo de emprendimiento, desde la órbita estatal.
Sospechas e irregularidades
Desde hace un tiempo, algunos miembros activos de la cooperativa, comenzaron a sospechar, por la conducta del Presidente del grupo, cargo en manos de un matrimonio fundador, que evadía informar debidamente de los manejos económicos de la entidad, especialmente el destino de gastos y aportes.
Todo lo que habitualmente se asienta en libros de administración, con saldo y movimientos de cuenta bancaria, con depósitos y gastos, así como manejo de la “caja chica”.
Todo ello, desemboco en una asamblea, donde se analizaría los resultados de una actividad que apuntó a generar recursos en dinero sonante y contante. El deseable y lógico informe nuevamente no se brindó y ello colmó el vaso de la paciencia de varios de sus miembros. Estos solicitaron informes al equipo asesor en lo técnico-social y ahí tomaron contacto con la cruel realidad.
Cooperativa dada de baja
Concretamente se les informó que ante reiterados incumplimientos en sus obligaciones, en diciembre del pasado año, se le había dado de baja, manteniendo impago compromisos ante DGI, BPS y otros servicios, que son la base para su existencia y realización. En concreto se maneja que el defalco y falta de dinero, oscila entre 900 mil y un millón de pesos. Todo ello, derivó en que se realizaran un serio y severo reclamo ante el matrimonio que manejaba los dineros de la ahora frustrada cooperativa de viviendas.
Estos, admitieron que desde el pasado año, se habían apropiado y gastado en su provecho los dineros que tenían en custodia, cayendo así, en el delito de estafa. Tras llegar a la verdad, los damnificados radicaron denuncia del hecho, ante la policía, quien ya viene actuando, estimándose que en el correr de la semana próxima, el caso pasara a la órbita de Fiscalía en principio y de la Justicia Penal, tras culminarse las investigaciones y recopilación de antecedentes, informó LA PRENSA.