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Una situación aberrante que involucra a menores discapacitados fue denunciada en la Junta Departamental de Salto por la edil del Partido Colorado María de los Ángeles Márquez.

La curul envió la evidencia a la comisión de Derechos Humanos del legislativo comunal para que sea tratado y hace referencia a la violación de dos niños de 11 y 12 años que concurren a una Escuela Especial del medio que atiende a personas con discapacidad.

Luego de la denuncia los niños fueron derivados a una institución de atención a la salud mental para ser tratados, medicados y contenidos según lo anunciado por la curul colorada. Los escolares el día jueves 18 de octubre no habían sido tratados aún y la edil lo consideró un “hecho grave”, tanto que solicitará un pedido de informes, además de proporcionar elementos necesarios para que la comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental haga lo propio.

EL CASO

CAMBIO dialogó con la edil, quien al hacer referencia al tema dijo que ella y el edil Glodomar Fraga fueron notificados a través de dos padres que tienen a sus hijos en ese centro educativo y un funcionario del lugar donde están viviendo los menores que fueron abusados. La denuncia establece que hace aproximadamente dos semanas ingresan a la institución de tratamiento dos menores que presuntamente fueron violados por un familiar. La escuela presentó la denuncia correspondiente y luego los menores habrían sido derivados a un centro de atención especial para su asistencia. Márquez dijo que el funcionario del centro de tratamiento manifestó que su preocupación mayor fue que los niños hace varios días que se encuentran en ese lugar y que no habían tenido atención médica ni psicológica. La edil señaló que su intención con el pedido de informes y con la denuncia pública es garantizar que los menores tengan un buen acompañamiento médico y psicológico mientras transcurre el proceso judicial que seguramente será largo.

PEDIDO DE INFORME

Se enviará un pedido de informes al Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) para que dé su punto de vista sobre la situación, a la escuela involucrada y a la institución donde están viviendo los menores en este momento. El objetivo como ediles es buscar la garantía de que tengan un buen acompañamiento psicológico y medico mientras los procesos judiciales se producen.

Otro de los motivos es no quedar omisos a las denuncias ya que los padres que la efectuaron, no son los progenitores de los niños abusados y tuvieron el valor de contar lo sucedido, así como también el funcionario de la institución médica, además el caso ya está en la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental. Pareció ser la medida más adecuada y será iniciativa de esta comisión, que es multipartidaria para que tome medidas al respecto y que también haga su investigación.

TEMA DELICADO

La edil Márquez dijo que se trata de un tema muy delicado y como tal lo tienen que denunciar, y valorar a las personas que tuvieron el coraje de contarlo para que se tomen medidas, la pregunta surge, de cuantas situaciones de similares características existe y nadie se anima a denunciar.

En el pedido de informes se preguntará la situación de los padres biológicos, si están juntos o separados, si los

niños son hermanos, con quien estaban viviendo en ese momento, y si está identificado el abusador.

Diario Cambio


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