El gobierno electo trabaja en nuevo protocolo de actuación que implique una “respuesta inmediata y con mucha contención” a la mujer.
El gobierno electo diseñará un nuevo protocolo de atención en violencia de género con el objetivo de “responder de otra manera” cuando una mujer efectúa una denuncia de este tipo.
Así lo aseguró este miércoles la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, luego de reunirse para dialogar sobre el tema con el designado ministro del Interior, Jorge Larrañaga.
Es que la decisión de realizar la denuncia “implica un proceso personal muy importante para la víctima”, remarcó Argimón. “La respuesta debe ser inmediata y con mucha contención”.
Algo que, para la administración entrante, actualmente está lejos de cumplirse.
En particular, buscará acelerar los tiempos en que la mujer víctima de este flagelo pueda tener una respuesta efectiva a la problemática que vive y que la ponga fuera de todo riesgo.
El nuevo protocolo será construido en consenso con las diferentes organizaciones gubernamentales dedicadas a esta temática. También con la Fiscalía General de la Nación, que aportó algunas sugerencias.
Según pudo saber ECOS, el Ministerio Público recomendó concentrar en un solo lugar las fiscalías especializadas, en donde también estaría ubicada toda la atención estatal que debería recibir la mujer desde el punto de vista económico y social.
Otra de las decisiones del nuevo gobierno pasa por encomendarle al equipo económico la asignación de las partidas presupuestales necesarias para la efectiva aplicación de la ley Integral sobre Violencia de Género.
“Hace mucho tiempo que estamos en emergencia” se limitó a comentar Argimón, sobre la declaración definida por la actual administración a fines del año pasado.
Es que la ley, pese a haberse aprobado en 2017, nunca contó con demasiados fondos para su puesta en práctica. La “emergencia” declarada por el gobierno tampoco hizo mención a recursos económicos.
Hasta ahora, la única partida asignada por el actual gobierno fueron $ 80 millones en la Rendición de Cuentas aprobada en 2018, a repartir entre todos los organismos involucrados.
La Fiscalía General de la Nación había pedido $ 300 millones para adecuarse a los cometidos que le encomendaba la normativa, pero solo recibió la décima parte.
El Poder Judicial, en tanto, había solicitado $ 950 millones, pero no recibió nada.
Larrañaga por su parte anunció que será elevada al rango de dirección en el Ministerio del Interior la división que actualmente se ocupa de los casos de violencia de género.
El futuro jerarca reiteró que la ley de urgencia incluirá la tipificación de un delito penal específico para los casos en que los agresores destruyan las tobilleras y otros dispositivos electrónicos de control que les fueron colocados por orden de la Justicia.
“No es aceptable este tipo de violación a un mandato judicial”, remarcó Larrañaga.
Al respecto, la innovación principal estará dada en que, en los casos que deba asignarse una custodia policial ante la falta de tobilleras, irá al agresor, no a la víctima como se hace hasta hoy.
“No se puede revictimizar a la mujer”, indicó Larrañaga.
Fuente: ecos.la