Este martes fue condenado uno de los 32 imputados por la Operación Océano, que investiga una mega causa de explotación sexual de menores de edad.
Tras un juicio abreviado en el que se ratificó un acuerdo entre las partes, la Justicia determinó una pena de dos años para el acusado por el delito de promesa de retribución a cambio de sexo.
Esta condena será cumplida con tres meses de prisión domiciliaria total, tres meses de prisión domiciliaria nocturna y un año y medio de libertad vigilada, es decir, el imputado no irá a la cárcel.
La fiscal del caso Darviña Viera explicó que el imputado nunca tuvo contacto con la víctima. «Son solamente chat, ni siquiera la vio, y uno evalúa estas cosas», aseguró.
También dijo que en un juicio público «no se iba a pedir mucha condena más de la acordada, tal vez algo de privación de libertad».
Según pudo saber Subrayado, la defensa señaló que el contacto con la víctima fue por la aplicación de citas Tinder. Agregó que el encuentro nunca se concretó ni hubo pago de por medio.
La condena también implica que pierde la patria potestad de sus hijos, no puede trabajar con niños ni adolescentes y debe pagarle a la víctima una reparación económica que equivale a 12 sueldos del imputado.
Sobre este caso, El Observador recuerda que la principal víctima de la investigación admitió haber usado dos cédulas falsas con las que engañaba a los adultos para que no supieran que era menor, y este punto es una de las estrategias a la que se aferran varios penalistas que defienden a los imputados.
El proceso abreviado es una de las vías alternativas de resolución judicial que prevé el nuevo Código del Proceso Penal, en el cual los imputados obtienen una pena más benevolente a cambio de la admisión de responsabilidad.
Subrayado