La detenida fue liberada después de comprobarse que había robado una golosina.
La detención de una mujer en las afueras del Punta Carreras Shopping provocó dos denuncias, una de abuso policial ante el Instituto de Derechos Humanos y otra ante la justicia por desacato por parte de Sindicato de Policías contra un hombre que se interpuso al operativo.
Según datos de Fiscalía, la detenida fue liberada horas después. Había robado un chocolate -por un valor de 180 pesos- de un quiosco del mencionado shopping y cuando intentaba huir fue interceptada por tres agentes que pasaban por el lugar.
El episodio fue grabado y subido a la red Twitter por la periodista Maria Eugenia García de Canal 12 y otras personas que pasaban por el lugar.
El registro de García pronto de viralizó.
Lo visto allí provocó una intensa polémica. Para unos configuró abuso policial, mientras que otros se centraron en el desacato de la mujer. Ella era poseedora de antecedentes penales, según el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.
Lo cierto es que los policías tuvieron problemas para reducir a la mujer. Adicionalmente, un hombre que se encontraba en el lugar salió en defensa de la detenida.
Uno de los policías se abalanzó sobre esta persona. Hubo empujones, golpes e insultos.Decenas de personas presenciaron la situación y miles se enteraron de los hechos por varios videos que circularon en redes sociales.
En radio Carve, el abogado del sindicato policial, Andrés Ojeda, criticó el accionar del hombre que quiso obstruir la detención.
«Pretendió pagar para que la liberen», dijo Ojeda, quien patrocinará la denuncia del policía que protagonizó el altercado.
«Entendemos que es por lo menos una figura de desacato, entre otras. Él intenta evitar deliberadamente un arresto. Hay amenazas también, porque le dice cosas», agregó.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) recibió una denuncia contra el accionar policial en la ocasión.Wilder Tayler, presidente del organismo, reveló que la denuncia fue a «petición de parte», es decir no es el instituto actuando de oficio.Tayler dijo no conocer aun los detalles de la denuncia.
Comentó que se podría citar a declarar al policía involucrado.
«Todos los funcionarios públicos tienen obligación legal de cooperar con la Institución, si se les cita; no sé si eso en esta ocasión va a ocurrir», comentó.
«Hasta ahora no hemos tenido situaciones de que un jerarca prohíba a un subordinado comunicarse con la Institución; sería una situación inédita», señaló Tayler.
En las últimas semanas, Larrañaga y el INDDHH han cruzado opiniones en el ámbito público.
El gobernante había anticipado antes de estos hechos que no seguirá las recomendaciones del organismo, que antes había cuestionado otros procedimientos.»Hay que verlo en la práctica», se preguntó Tayler.
Es verdad que existe un intercambio fuerte con el ministro del Interior, pero también tengo que decir que muchísimas de las otras interacciones con el personal policial, tanto oficial como subalterno, han mantenido un nivel de profesionalismo y corrección muy altos, esa es la verdad», manifestó el jerarca.
Tanto Larrañaga como el jefe de Policía de Montevideo Erode Ruiz dieron su apoyo a los policías que trabajaron en la detención.La líder del sindicato policial, Patricia Rodríguez, también había dado su apoyo a los agentes.
Al respecto, escribió en su cuenta de Twitter: “Una detención de alguien en desacato, ciudadanos interfiriendo con el procedimiento, increpando a los funcionarios y no dejando llevar a cabo su rol como auxiliares de la justicia. ¿Qué se hace? Se libera a la detenida por orden de la gente, o se procede y la justicia dispondrá”.
Fuente: Subrayado