El costo de construir cárceles en Treinta y Tres, Tacuarembó y Artigas vale entre 7 y 9 millones de dólares, mientras que la cárcel de seguridad ronda los 20 millones de dólares.
El Ministerio del Interior (MI) se prepara para vender inmuebles y terrenos sin uso para la construcción de más cárceles. Al menos así lo dejaron expuesto en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, donde defendieron el presupuesto que el Poder Ejecutivo les otorgó. Sin embargo, la oposición cuestiona que «la venta de inmuebles se asigna a futuras cárceles, pero que no está contemplado» en el proyecto de ley que comenzó a votarse este viernes en comisión.
Según consta en la versión taquigráfica, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que asumieron el papel de «depurar» y «definir» la «condición dominial de una enorme cantidad de inmuebles y padrones de propiedad» de la secretaría de Estado para que «en el marco de las posibilidades, proyectemos su realización con el fin de obtener recursos económicos para, en su mayoría, poder darles otros destinos, más allá de lo que expresan algunos artículos del presupuesto en cuanto a las limitaciones».
«Tenemos un ‘hasta’ en cuanto a la facultad de adecuar estos recursos para otros fines distintos al del ministerio, pero proyectamos que se reutilicen prioritariamente en la construcción de centros carcelarios. Por ejemplo, precisamos sacar las cárceles de Artigas, Tacuarembó y Treinta y Tres del centro de sus capitales. Asimismo, proyectamos cerrar la cárcel de Trinidad ubicada en el centro, en la plaza de Trinidad, y trasladar los 41 presos que actualmente tiene a dependencias de la cárcel de Florida, en la que ya estamos construyendo un nuevo módulo para ampliar su capacidad locativa», sostuvo en comisión.
Por su parte, el senador frenteamplista Charles Carrera coincidió con el ministro con que existe la necesidad de trasladar esas cárceles del centro de esos departamentos. «Lo compartimos, pero queremos saber en cuánto se evalúa el ingreso por la venta de inmuebles, cuál será el costo de construcción de esas cárceles, cuándo tienen planificado el inicio y la finalización de las obras, si tienen previsto los funcionarios para atender esas obras, y si la venta de inmuebles no lograra redundar en recursos suficientes para que el Ministerio del Interior cumpliera con los objetivos de mejorar la infraestructura carcelaria, ¿cómo se garantizarán los fondos para alcanzar esos fines?», cuestionó.
En tanto, Amanda Della Ventura, también senadora por el Frente Amplio, apuntó: «entre otras cosas más puntuales, la venta de inmuebles se asigna a futuras cárceles, pero a su vez no está dentro del presupuesto. Quisiera saber hasta dónde se garantiza que esas cárceles van a poder ser construidas si no hay algo numérico para decir: ‘De los inmuebles vamos a sacar esto y vamos a gastarlo de esta forma en tales cárceles’. Nos parece que no es una buena forma de presentarlo a nivel del presupuesto».
El director general del MI Luis Calabria contestó que «debemos priorizar en su personal, no así en operadores ni civiles, porque se necesitan policías». «Tenemos el relevamiento de los padrones de los bienes del ministerio y el compromiso -al que se hacía referencia en la presentación- del Poder Ejecutivo, tanto para el artículo 186 como para el artículo 187, a texto expreso, de que en caso de que no resulten suficientes las reestructuras, la Contaduría podrá habilitar la asignación presupuestal», señaló.
Larrañaga, asimismo, explicó que las cárceles del interior –Treinta y Tres, Tacuarembó y Artigas– ya están estimadas en relación al costo. «No tengo los datos con exactitud, pero estarían en un entorno de entre 7 y 9 millones de dólares cada una. La estimación de la cárcel de seguridad –que fue compromiso del presidente de la República– anda en el entorno de los 18 y 20 millones de dólares, en función de qué cantidad de personas privadas de libertad se quiera incorporar, que en ningún caso deberá exceder el número de 300», detalló.
En ese sentido, incluso, «personal del Instituto Nacional de Rehabilitación fue a Brasil a mirar algún modelo en esa línea para buscar, en consecuencia, una respuesta», señaló. «Obviamente este es un tema que tendrá que resolver el presidente de la República, pero en principio, en función de los exámenes que estamos realizando dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación y por la centralidad que pueda tener una cárcel de estas características, de alta seguridad, nos parece que debería estar en el actual Penal de Libertad, pero en forma separada, dado que hay más de 330 hectáreas en todo ese predio. Hay espacio suficiente para construirla y, a la vez, aprovechar los servicios, la locomoción y todo lo que ella necesita», explicó en comisión.
Al momento la población carcelaria supera las 13.000 personas privadas de libertad, distribuidas en los 26 establecimientos carcelarios de todo el país. El ministro del Interior entiende que la cárcel en Uruguay «rehabilita como excepción, y eso hay que revertirlo, porque ahí está uno de los problemas sustanciales y fundamentales».
La República