La Justicia imputó a una mujer de 39 años al comprobarse su responsabilidad en un hecho de amenazas a un hombre mayor con quien había mantenido una videollamada con fines sexuales. En tanto, el hombre decidió cancelar la cita, ocasión en la mujer se enojó y comenzó a exigirle el pago de 500 pesos, o en caso contrario divulgaría la comunicación mantenida por video.
Elevados los antecedentes a la órbita penal, la Justicia resolvió la formalización de la investigación para ésta por “un delito de violencia privada”, imponiéndole como pena tres meses de prisión que se cumplirán bajo el régimen de libertad a prueba, informa hoy El Telégrafo de Paysandú.