Un nuevo episodio se agrega a la nómina de presuntas irregularidades en la gestión de hospitales públicos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). En este, la dirección del Hospital de Salto declaró en agosto pasado «desierta» una licitación para contratar empresas de ambulancias, dado que las dos únicas firmas presentadas eran integradas por funcionarios del prestador. Sin embargo, antes y después del proceso, el hospital pagó montos millonarios a ambas; se
Según una resolución a la que accedió El País, el Hospital de Salto declaró «desierta» la licitación para la contratación de traslados de ambulancia especializada con destino al centro de salud. La razón esgrimida: ambas firmas «se encuentran imposibilitadas de contratar con ASSE», según lo establece el artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) que rige para los funcionarios públicos. Según el documento, «socios de dichas empresas son funcionarios de ASSE que desempeñan tareas en ese centro departamental».
Si bien la medida dispuesta por el director del hospital, Marcos García, va en consonancia con la nueva postura de las autoridades de ASSE de que todos los procesos de licitación sean transparentes y ajustados a la normativa; según pudo constatar El País, ASSE pagó en 2016 cifras millonarias a am-bas empresas de traslados: $ 7.661.067 a EMI y $ 9.054.793 a Upemos.
Consultado por El País, Marcos García, dijo que «ASSE ya está informada» de la situación y que «ambas empresas siempre trabajaron mediante licitación con el hospital». Agregó que «ahora por una nueva manera de interpretar el Tocaf —artículo 46— , la licitación debió quedar desierta. Esto genera un problema asistencial que hay que resolver», consideró.
El director figura como socio titular de la empresa de ambulancias Siemm SRL implicada en una serie de irregularidades al ser contratada en 2013 por el Hospital de Bella Unión; es que García justamente era director del centro. La contratación de la empresa ya fue cuestionada de forma unánime por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). La empresa ya había sido cuestionada anteriormente por el TCR, por violar la ley anticorrupción.
Fuente EL PAÍS