El Fiscal Especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, que solicitó el procesamiento del expresidente de Ancap, Raúl Sendic, y de otros ocho exdirectores y gerentes de la empresa petrolera estatal, dio una conferencia de prensa tras hacer público el texto de la solicitud de procesamiento.
En la conferencia hizo hincapié en que la Fiscalía pudo actuar e investigar con total libertad, lo cual le pareció importante destacar, considerando que se trata de un caso que involucra a altas figuras del ámbito político nacional.
“Este fiscal ha actuado con total libertad en esta causa, y hay que destacar la falta de presión tanto de parte del sistema político, como de los abogados de los indagados, como de las jerarquías”, sostuvo.
Tras una extensa investigación que implicaba a más de 10 imputados y con denuncias que se iban sumando y superponiendo, la Fiscalía definió imputar el delito de abuso de funciones, si bien «es consciente de que el delito de abuso de funciones es un delito que ha sido cuestionado doctrinariamente, pero es un delito que no está derogado, está vigente, y la Fiscalía tiene la obligación de aplicarlo”, sostuvo Pacheco.
El delito de abuso de funciones consiste en “la comisión de actos arbitrarios que son aquellos contrarios formalmente a los deberes o a las atribuciones del cargo”, explicó.
Pacheco dijo que son básicamente dos las áreas en las que Fiscalía advirtió irregularidades en la época en que investigó: una es el contrato con la petrolera Trafigura en el año 2010 -una empresa que fue seleccionada sin licitación-; y el contrato de Ancap con Exor para la cancelación de la deuda de la empresa estatal con Pdvsa, entre 2010 y 2014. Por este motivo fue que Fiscalía solicitó el procesamiento de todos los directores que han aprobado las resoluciones en estas dos áreas.
El fiscal Pacheco recalcó que se levantó el secreto bancario de los indagados, y tras el análisis de especialistas, la Fiscalía puede decir que “no se detectó un crecimiento patrimonial de ninguno de los indagados”.
Consultado acerca del motivo por el cual la Fiscalía solicitó el procesamiento sin prisión, Pacheco dijo que “si bien esta causa se rige por el régimen viejo, existe en Uruguay un nuevo Código del Proceso Penal, que establece determinados requisitos para la imposición de la prisión preventiva, que como se trata de norma más favorable a los indagados, la Fiscalía ha entendido aplicable al caso Ancap”, y agregó que “no se configura ninguno de los requisitos que prevé el nuevo Código del Proceso Penal para su imposición”.
En cuando a la organización de la millonaria fiesta que también fuera denunciada, Pacheco sostuvo que “sin perjuicio de señalar que la Fiscalía estima exorbitante la cifra gastada en esa ocasión para un evento de pocas horas de duración, se entendió que se encontraba dentro del rubro ‘publicidad’ asignado al ente, controlado por el Tribunal de Cuentas, de manera que podía cuestionarse su conveniencia pero no su legalidad”.
El fiscal Pacheco sostuvo que la investigación fiscal continua, y que dado que la causa se rige por el régimen procesal viejo, «y si la señora jueza hace lugar a los pedidos de procesamiento formulados por la Fiscalía, recién se inicia una causa, se inicia un proceso judicial, esto quiere decir que las personas, si fueran procesadas, son inocentes hasta que una sentencia establezca lo contrario».
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