Silvia Emaldi, presidenta del ente, indicó que hubo «cuatro instancias clave en que el proyecto pudo detenerse».
Las autoridades de UTE presentaron este viernes la denuncia penal por la regasificadora Gas Sayago.
La presidenta del ente, Silvia Emaldi, entregó los resultados que se desprenden de la auditoría de la consultora PriceWaterhouseCoopers.
La jerarca destacó que hubo «cuatro instancias clave en que el proyecto pudo detenerse», ya que según la auditoría éste no era viable desde sus comienzos.
La primera instancia fue cuando, en 2012, Argentina anunció que no participaría del proyecto de la regasificadora, luego en 2015 el contratista principal de la obra la abandonó por incumplimiento y pagó una garantía de 100 millones de dólares.
Finalmente, las dos instancias restantes se dieron cuando «habiendo fracasado el contratista principal y meses después también las obras del dragado y el gasoducto, se siguen contratando consultoras para reformular el proyecto» y cuando «se intenta buscar un socio y se acerca Shell a las conversaciones y finalmente se desvincula».
«Como está en la evidencia del informe de Price, la demanda local no justificaba la existencia de ese proyecto con esos volúmenes», sentenció.
Cabe recordar que las autoridades aprobaron el informe de gestión de la regasificadora el pasado martes 8 de junio, jornada en la que también anunciaron la presentación de una denuncia penal.
Según se desprende de la auditoría, el emprendimiento de Gas Sayago ha generado una pérdida de 213 millones de dólares hasta la fecha, que fueron financiados por el cobro de una garantía de 100 millones por la rescisión por incumplimiento del contrato principal, en 2015, y con 113 millones aportados por el Estado a través de sus accionistas UTE y Ancap.
Telenoche
Foto: La República